Una de las grandes amenazas para la preservación de nuestro entorno natural, y especialmente de nuestros montes, son los incendios forestales. Por ello, en el año 2006 se crea la empresa pública GEACAM con un gran esfuerzo presupuestario pero con magníficos resultados, ya que la reducción en superficie quemada desde su creación ha sido de un 72%.
Las decisiones de este Gobierno Regional en materia de incendios no han podido ser más desafortunadas, primero anunciando un recorte presupuestario superior a un 40%, al pasar de los 120 millones de euros a los apenas 67 millones previstos para la pasada campaña, que se sustanció en la reducción de la plantilla con la no renovación de los contratos de 450 interinos, en su mayoría bomberos forestales, el despido de 40 trabajadores del SEPEI (que en campaña formaban parte del GEACAM), despido de 125 técnicos del GEACAM y sendos Expedientes de Regulación de Empleo que precarizaron las condiciones laborales de casi el 100% de la plantilla, llegando a convertir de fijos a fijos discontinuos los contratos de todo el personal de los retenes (a cambio de no despedir a 680 bomberos forestales).
Durante la pasada legislatura bajo gobierno del PSOE, Castilla-La Mancha contaba con el mejor dispositivo contra incendios de toda Europa.
Ahora la realidad es bien distinta. Sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaran nulos estos ERE,s. La primera sentencia del Alto Tribunal (139/2007, de 1 de febrero), declara nulo el expediente de regulación de empleo para el personal de estructuras de Geacam, obligando a la empresa a readmitir a 77 trabajadores, con el correspondiente pago de sus nóminas. Sin embargo, la empresa no les permite acudir a su puesto de trabajo.
Por tanto, y ante tales hechos, ahora hay que hacer una defensa rotunda de la plantilla de Geacam, hombres y mujeres que en algunos casos han arriesgado su vida por apagar un incendio, que se merecen que se les repongan sus condiciones laborales previas a este ERE, así como la garantía por parte del Gobierno y su presidenta de que no va a desmantelar Geacam para su posterior privatización, como están haciendo con otros sectores relevantes regionales.